"ius sanguinis" o "ius soli": ¿los dos? ¿uno de ellos? ¿o ninguno?

Por Grínor Rojo

Se dice que la ciudadanía es el derecho del ciudadano a tener derechos, que es la posesión de la ciudadanía la que lo convierte en un miembro pleno de la ciudad, con las mismas obligaciones y con las mismas autorizaciones que tienen los otros que son como él y que viven ahí. Iguales todos ellos ante la ley, pero también, después de la obediencia a la ley, sujetos libres para el ejercicio de su singularidad. Y, en este mismo sentido, por ser legalmente igual a cualquiera de sus vecinos, al ciudadano le corresponde una cuota del poder de la ciudad, una cuota en el ejercicio de la soberanía popular.

La eliminación o el recorte de/a la condición de ciudadano, que niega o disminuye este derecho principal, acarrea consigo una eliminación o una disminución de los derechos secundarios. El individuo puede, en tal caso, vivir en el territorio nacional, pero no es ni será nunca un ciudadano, ni pleno ni a medias, y puede que tampoco lleguen a serlo sus hijos. 

La disminución consiste algunas veces en una negación de la aplicabilidad del derecho de ciudadanía a un segmento completo de los habitantes de un país (los negros esclavos en Estados Unidos, antes de la Guerra Civil e incluso antes de la lucha por los derechos civiles de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, cuando ya no eran esclavos, pero tampoco eran ciudadanos o no lo eran plenamente. Había aún escuelas segregadas, espacios públicos segregados, limitaciones del derecho a voto, etc.), y otras veces en el despojo de su ciudadanía a algunos de los que pertenecen a un grupo específico, los que, si bien es cierto que son ciudadanos, pierden la condición de tales por causas que difieren, políticas a menudo. 

Recuérdese que, durante la década del setenta del siglo pasado, con una serie de decretos con fuerza de ley, y luego invocando las disposiciones de la constitución de 1980, el régimen de Augusto Pinochet en Chile les quitó la nacionalidad a muchos de sus adversarios. Empezaron con un decreto ley del 4 de diciembre de 1973, que modificaba la constitución de 1925, agregando como causal de pérdida de la nacionalidad el “atentar gravemente desde el extranjero contra los intereses esenciales del Estado durante las situaciones de excepción previstas en el artículo 72 Nº 12”. Más tarde, en el artículo 11 de la constitución pinochetista, fueron aún más explícitos. La nacionalidad se pierde, según se lee en ese artículo: “Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes del Estado” (En línea). 

Los requisitos para tener el derecho a la ciudadanía son muchos, pero los más importantes son la línea sanguínea parental y el lugar de nacimiento. En la jerga jurídica, son el ius sanguinis, que es el derecho a ciudadanía en virtud de la sangre, y el ius soli, el mismo derecho, pero ahora en virtud del lugar de nacimiento. Ha habido y hay, por supuesto, otras exigencias, como son las que se manifiestan en la elección de autoridades, en las que el no poder elegirlas se traduce de facto en la carencia total o parcial de un derecho que está unido directamente al derecho de ciudadanía. No poder votar significa no ser ciudadano o serlo menos que otros. Un ejemplo clarísimo es el de aquellos que pueden votar en las elecciones locales, pero no en las nacionales. Las mujeres en Chile entre 1935 y 1949. 

Me estoy refiriendo ahora, concretamente, a aquellas exigencias que se les han hecho y que aún se les hacen a los votantes, tales como las pecuniarias (la constitución chilena de 1833 establecía, expresamente, que para ejercer el derecho a voto se debía poseer “una propiedad raíz o un capital invertido en alguna especie de giro, o industria”. Y, en su defecto, que también era aceptable “El ejercicio de una industria o arte, o el goce de un empleo, renta o usufructo”), a las de género (como dije las mujeres no pudieron votar en las elecciones locales chilenas antes de 1933 y en la nacionales antes de 1949, y hoy mismo existe gente que opina que debiera aliviárselas de ese derecho), a las de edad (la constitución chilena de 1833 les exigía veinticinco años a los solteros y veintiuno a los casados, la de 1925 veintiuno y la actual dieciocho, aunque eso ya era una ley a partir de una reforma constitucional que se hizo en 1970*) y a las de alfabetización (todavía la constitución chilena de 1925 se les exigía a los electores saber leer y escribir, lo que también se abolió con la reforma de 1970). Pero, aunque es cierto que esas son cortapisas que limitan la ciudadanía, ninguna posee la fortaleza que tiene la aplicación o no del ius sanguinis y el ius soli.

Desde sus respectivas independencias, en países como Estados Unidos y Chile se ha estimado que cualquiera de estos dos derechos es válido, pero el de nacimiento fue y sigue siendo el predominante. En Chile, después de algunos tanteos iniciales (como una orden de O’Higgins del 13 de junio de 1918, para que en los documentos de gobierno se distinguiera claramente entre los nacionales, los nacidos en Chile, y los españoles, los no nacidos en Chile), en la constitución de 1833, en la del 1925 y en la de 1980 predomina el ius soli, aunque con ciertas excepciones: la de los hijos de diplomáticos y funcionarios extranjeros y, desde 2010, también la de los hijos de los extranjeros “transeúntes” (este adjetivo nos remite a los inmigrantes ilegales cuya presencia había empezado ya a causar preocupación). Paralelamente, se va acentuando en el siglo XX la potencia del ius sanguinis. 

El predominio decimonónico del ius soli, tanto en Estados Unidos como en Chile, tiene una explicación. Los dos países promovieron y protegieron la inmigración desde temprano porque se consideraba que el territorio era grande y la población escasa. Los inmigrantes llegaban así a Estados Unidos o a Chile, traían a su pareja o se emparejaban en el nuevo hábitat, luego nacían los hijos, y esos hijos se convertían instantáneamente en ciudadanos, estadounidenses allá (“American”, dicen ellos) o chilenos aquí. 

Repasé lo anterior para situar el debate que en nuestro país se está librando actualmente en torno a estos conceptos.

El presidente José Antonio Kast ha dicho en oportunidades diversas, antes y después de ocupar el puesto que tiene hoy, y sus adherentes lo respaldan, que sus intenciones son acabar con el ius soli. De salirse el presidente con la suya, esa sería la culminación en Chile del fortalecimiento que desde fines del siglo XX ha ido experimentando el ius sanguinis en todo el mundo y en Chile desde luego, y que es correlativo a un desgaste del ius soli. 

Sin esconderlas ni maquillarlas, los partidarios del presidente en el congreso les están dando a sus intenciones una forma legal. En las primeras líneas de un proyecto muy mal escrito, ingresado en la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2026 y que lleva la firma del diputado Gaspar Rivas, se plantea que es necesario: “Reformar la Constitución Política de la República a fin de introducir normas nuevas que eviten el proceso de recambio étnico-cultural de la identidad nacional chilena que se está llevando a cabo producto de la migración desatada que afecta al país, reemplazando el actual criterio de suelo por el criterio de sangre como elemento rector para el reconocimiento constitucional de la nacionalidad chilena y, asimismo, reemplazando la nacionalidad chilena por la nacionalidad del progenitor extranjero a quienes, desde el 1° de enero de 2012, hayan nacido en Chile, pero no de padre y madre chilenos. Asimismo, se determina que únicamente los chilenos podrán acceder y tener derecho a beneficios estatales de vivienda, salud y educación, con excepción de la atención de salud de urgencia” (En línea).

Nada de esto es nuevo. Con su reaparición en la escena parlamentaria chilena se está reutilizando allí el supuesto racialista o desembozadamente racista que se alimenta con una añeja proposición poligenética, la de que en el mundo existen muchas “razas” humanas y que algunas son mejores que otras. Que esa proposición es de la falsedad más absoluta lo han comprobado científicamente las pruebas de ADN, que demuestran que en el 99,9 por ciento de los humanos el ADN es el mismo. 

Pero el prejuicio subsiste y forma parte de una campaña para la que el “freno” a la inmigración no blanca constituye un sine qua non, a veces porque se cree estúpidamente en este bulo (aunque torpe, hay ejemplos de personas que creen en la existencia de una “raza chilena” y, por extensión, en la plausibilidad de una “etnocracia”, como don Nicolás Palacios), pero más a menudo por sus réditos políticos. Por su apariencia física que es distinta a la de la de los locales, no es difícil transformar al inmigrante en un enemigo. El rechazo a que se les admita en el rebaño ciudadano termina siendo de este modo una carta de triunfo para quien lo propone. El trato no es parejo para todos los inmigrantes, sin embargo. No es lo mismo que alguien aspire a ser chileno y provenga de Europa central, como ocurrió con el padre del actual presidente de Chile, don Michael Martin Kast Schindele, que nació en Baviera, Alemania, el 2 de abril de 1924, y que, después de ser un miembro activo del Partido Nacional Socialista y de combatir durante la guerra en varios frentes, llegó a Chile en 1950, a que pretenda serlo uno nacido en Puerto Príncipe. 

Pero, como los europeos centrales que aspiran a convertirse en ciudadanos chilenos no abundan y en cambio sí abundan los caribeños haitianos, y como además se presume que si nos caen encima los haitianos (u otros que se les parezcan) nos pueden modificar el color de la piel, enroscarnos el pelo y ensancharnos la nariz, lo mejor es cancelar el ius soli. Paradojalmente, esto se hace a pesar de las bajísimas tasas de natalidad que se registran en nuestro país, donde son más las personas que mueren que las que nacen y cuando la fecundidad es inferior a la de un hijo por mujer, lo que aconsejaría, como la actitud más sensata, que se fomente la inmigración. Con todo, el racismo bloquea la racionalidad. Que chilenos sean solo los de “sangre” chilena, eso es lo que quiere la derecha neofascista.

Como suele ocurrir con otras de las pretensiones de esa misma derecha, tampoco esta, la que clama por la protección de la “pureza” de la sangre chilena, es nueva. Es antigua, pero se elevó hasta el paroxismo con la seudociencia racista europea del siglo XIX (digamos que esa era una “ciencia” de película de terror, como en los descubrimientos de los “fisiognomistas” y los “craneógrafos”) y remató en la Alemania hitleriana. Entre el conde Arthur de Gabineau, el sociólogo Gustave Le Bon y el conductor de pueblos Adolf Hitler se extiende una nutrida cadena de patrocinadores consistentemente enfebrecidos. Varían los “inferiores”, sin embargo. Los del siglo XIX eran de preferencia los “bárbaros”, es decir que eran los nativos de las comarcas invadidas por la voracidad colonial, justificándose la explotación y el maltrato que se les infligía como un esfuerzo para civilizarlos. Y Hitler, por su lado, persiguiendo a los judíos. En Mein Kampf, en el volumen I, capítulo II, este se refiere con todas sus letras al peligro de “envenenamiento” de la sangre que una fusión genética “inarmónica” acarrea consigo: “las grandes civilizaciones del pasado desaparecieron únicamente porque la raza originalmente creadora se extinguió como consecuencia del envenenamiento de la sangre” (En línea).

¿Será cierto o es pura coincidencia? Resulta que esta misma expresión infeliz, la de los “otros” que le envenenan la sangre de los nacionales, aunque esta vez refiriéndose no a los bárbaros colonizados ni menos aún a los judíos, y sí a los inmigrantes tercermundistas, reaparece en la boca de Donald Trump. Aunque últimamente se ha cuidado de abusar de la expresión, hasta 2023 la referencia era un tic habitual en sus discursos, como en uno en New Hampshire, de diciembre de 2023, donde con la falta de veracidad y la incoherencia que acostumbra acusó: “Dejan entrar a nuestro país --creo que la cifra real es de 15 o 16 millones de personas--. Cuando hacen eso, tenemos mucho trabajo por delante. Están envenenando la sangre de nuestro país”. Y sigue: “Eso es lo que han hecho. Envenenan instituciones psiquiátricas y prisiones en todo el mundo, no solo en Sudamérica, no solo en tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo. Vienen a nuestro país desde África, desde Asia, desde todas partes del mundo” (En línea). 

Pero si Trump se sujeta la lengua últimamente, no hace lo mismo uno de sus colaboradores más cercanos, Stephen Miller, su subjefe de Gabinete para Asuntos Políticos y asesor de Seguridad Nacional. En una entrevista para Fox News, Miller se preguntaba hace poco: “¿Tenemos gente de todo el mundo, de naciones del Tercer Mundo, que por sí mismas jamás hubiesen inventado la rueda y ni qué decir de la tecnología moderna, o la medicina, o la navegación aérea, y resulta que ahora vienen a este país, tienen un hijo, y entonces ese hijo es inmediatamente un ciudadano? Cuándo tenga 18 años, ¿ese niño va a poder sentarse en un jurado?” (En línea). La respuesta negativa era obvia para él.

Los equipos del ICE (Immigration and Customs Enforcement) y de la USBP (United States Border Patrol) son los que cotidianamente hacen realidad las purgas antiinmigratorias de Trump, Miller y otros que son como ellos. Desplegando sus redadas sobre Estados Unidos, tenían ya a su favor, según las cuentas que sacaban a principios de 2026, 605.000 inmigrantes deportados, 70.000 reclusos en centros de detención y una media docena de asesinados en la vía pública, algunos de los cuales ni siquiera eran inmigrantes. Gregory Bovino, “commander-at-large” de la Patrulla Fronteriza, caracterizó los métodos que utilizaban cuando se refirió a la operación que realizaron en Minnesota el pasado mes de enero y en la que mataron a Renée Good y a Alex Pretti: “Esa gente son chiflados”. Y, en cuanto a la operación misma: “La mierda está lista y por venir. Nosotros no la vamos a calmar, lo que vamos a hacer es sofocarla”. Continúa: “Tenemos 3,000 agentes de la ley que están cerrando esta ciudad, Si eso no funciona, traeremos 4.000 más. No importa. Vamos a pacificar este lugar, vamos a enderezarlo. No vamos a esperar que lo haga el Departamento de Policía, no nos vamos a mear en los pantalones” (Jake Tapper. “Exclusive: The false claims, chaos and coverups behind the Trump administration’s killing of two American citizens”. (CNN, 23 de julio de 2026. En línea).

Hacía tres cuartos de siglo que una persecución como esta no se había visto en suelo estadounidense. La última vez fue durante los años cincuenta del siglo pasado, cuando el macartismo anticomunista activó una histeria de similares características. Aunque con la diferencia de que por aquel entones los “enemigos” no eran los inmigrantes sino los comunistas. Como quiera que sea, en ambos casos se trataba/se trata de un “otro” sobre el cual vomitar la bilis negra de una población artificialmente empatriotecida.

En fin, en este asunto, como en tantos otros, el racismo inveterado es el que pone la música, tipos como Trump, Miller y sus paramilitares la ejecutan y los chilenos la bailamos. Es el sistema económico mundial, su crisis, lo que causa las migraciones masivas. El abismo de la desigualdad en el mundo es cada vez más hondo y más ancho, y estas son sus consecuencias. Los migrantes se van de sus países de origen no porque quieren, sino porque no pueden evitarlo, porque sus países de origen se han convertido en una tierra maldita, porque las guerras, el hambre y los hostigamientos de todo pelaje (políticos, religiosos, etc.) los obligan a huir. 

Esta son las cosas de las que un mínimo de racionalidad, si es que lo hubiera, tendría que ocuparse. Pero la persecución es más fácil y, lo que es peor, reditúa. Es la que el político mendaz hace de un enemigo que le conviene tener, porque demonizarlo le resulta útil y más aún cuando ese enemigo es un inmigrante al que las fábricas del consentimiento ideológico reconstruyeron poniéndole la facha de un odioso criminal (no estoy diciendo aquí que los inmigrantes sean ángeles. Como en todo grupo humano, también hay entre ellos criminales). Y si a ese individuo se lo persigue, usted, que es un votante, tiene que saber que es por eso, porque es una fiera salvaje, que les está “envenenando la sangre” a nuestros compatriotas, y el deber de un gobierno responsable y sobre todo el de un gobierno que espera una alta votación en las próximas elecciones, es cazarlo y deportarlo (si es que no algo mucho peor).