La cárcel como promesa de campaña

Por Sofía Brito y Manuela Gil

¿No habrá algo del modelo de Bukele que pueda replicarse? Si bien ese modelo implica restricciones masivas de derechos, un estado de excepción prolongado, persecución política y la perpetuación del poder presidencial, esta pregunta ha insistido como telón de fondo durante todo el debate electoral. La megacárcel salvadoreña opera como un símbolo que desplaza la discusión sobre seguridad hacia la prisión como único horizonte. Temáticas evidentemente ligadas, sí, pero convertidas en una solución inmediata, casi automática, donde el encierro aparece como la respuesta evidente ante cualquier forma de delito.

Ese desplazamiento instala la idea de que el problema radica en el “fracaso del garantismo”, como si los derechos fueran algo que debe ceder frente a la exigencia de eficacia en un contexto de crimen organizado. Bajo esa narrativa, la megaprision no solo se presenta como una política eficaz, sino como la única herramienta capaz de librar su “batalla contra el terrorismo”.

Lo que en las últimas décadas se había presentado como el “candado a la puerta giratoria” en las campañas de la derecha, funcionaba como un diagnóstico rápido: el delito aumentaba porque el sistema “soltaba” demasiado. Pero mientras se repetía esa frase, los mismos gobiernos que hablaban de mano dura recortaron los programas de prevención y rehabilitación, y redujeron justamente las iniciativas que sí incidían en la reincidencia.

Hoy el tono de la conversación lo marcan frases como “bala o cárcel” (Franco Parisi) o “cárcel o cementerio” (Evelyn Matthei). En distintas versiones, todos los programas presidenciales han hecho de la infraestructura penitenciaria una prueba de voluntad política. Parisi propone barcos-cárceles a 80 millas de la costa para aislar a reos de alta peligrosidad. Matthei plantea cinco nuevas cárceles, tres de ellas en el desierto, junto con un régimen de aislamiento estricto para líderes criminales. Kast promete 100.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años, bajo un modelo de encierro total inspirado en el artículo 41-bis italiano. Kast incluso ha comparado ese modelo con la pena de muerte, señalando que “un régimen carcelario de aislamiento total, sin visitas ni actividades, es una muerte en vida” y que su efecto disuasivo “es mucho mayor que haber ejecutado a 20 personas”. Al final, la competencia es por quién ofrece la mano más dura, quién promete menos derechos. Quién logra parecerse más a Bukele, aunque ya no resulte tan rentable mencionarlo abiertamente.

Kaiser, por su parte, lleva esta deriva punitiva a un territorio especialmente revelador. Propone eliminar todos los beneficios carcelarios para reincidentes, castigo sin fisuras y sin horizonte, mientras en paralelo abre la puerta para revisar la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad. Sostiene que “no se puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente” y afirma que su objetivo es “cerrar el capítulo 73–90 definitivamente”.

En esa frase, en esa mezcla de compasión selectiva y desmemoria cuidadosamente administrada, reaparece el gesto persistente de la derecha: exigir mano dura contra los cuerpos precarizados a los que considera peligrosos, al mismo tiempo que suaviza la mirada hacia quienes administraron el terrorismo de Estado. Punta Peuco vuelve a instalarse en el debate bajo un barniz humanitario que intenta desactivar su carga histórica, como si hubiese sido una residencia de ancianos veteranos de guerra y no el espacio de privilegio donde han cumplido condena quienes participaron en crímenes de lesa humanidad. Esa torsión que combina dureza punitiva hacia abajo y perdonazos hacia arriba, revela un orden afectivo y político que no ha roto con sus lealtades autoritarias y que reinstala, bajo el lenguaje de la seguridad, la vieja jerarquía sobre quién merece derechos y quién puede quedar fuera de ellos.

Así, la competencia electoral se traduce en una carrera por quién sube más la apuesta punitiva, donde la severidad se vuelve sinónimo de eficacia. Pero ninguna de estas propuestas aborda las causas estructurales de la crisis penitenciaria chilena: hacinamiento crónico, infraestructura deteriorada, baja inversión en reinserción y una gestión fragmentada que cambia cada cuatro años.

Hoy, el sistema penal chileno, acorde a las propias cifras de Gendarmería, opera con una sobrepoblación crítica. Al 31 de octubre de 2025, el uso de capacidad alcanza 146,8 %, con más de 62 mil personas privadas de libertad para poco más de 42 mil plazas disponibles. Las cárceles tradicionales funcionan al 166,9 %, y en regiones como Atacama (223 %), Maule (193 %) o La Araucanía (180 %), la situación bordea el colapso. En los recintos masculinos, la ocupación supera el 150 %. Frente a ese panorama, prometer más encarcelamiento sin discutir cómo se gestionan esas condiciones equivale a ampliar el problema: más encierro en un sistema ya saturado.

Chile ya tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de Sudamérica, con más de 300 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la prisión sigue apareciendo como el remedio universal frente a la inseguridad. Lo que en el fondo se ofrece es una tranquilidad simbólica: mostrar firmeza ante el delito, aunque el encierro masivo no haya reducido ni la reincidencia ni la violencia.

Mientras los candidatos discuten cuántas cárceles construir, dónde emplazarlas o qué tan extremo debe ser el régimen de aislamiento, la conversación realmente necesaria sigue completamente fuera de cuadro. Se habla de infraestructura, de metros cúbicos de hormigón y de cuántas cámaras o torres de vigilancia se pueden levantar en el desierto, pero nada de eso aborda el cómo prevenir el inicio de trayectorias delictivas, cómo reintegrar a quienes ya cumplieron condena, cómo intervenir en los entornos familiares y comunitarios donde la violencia se reproduce y se normaliza.

Y aquí es donde la omisión empieza a mostrar su verdadera dimensión. Cuando hablamos de seguridad, el imaginario político construye siempre un otro externo, una amenaza que viene de afuera, el que acecha en la noche, el que roba o apuñala, el violador desconocido, el lanzazo en la micro, el portonazo en la esquina. Pero la violencia más persistente, más extendida y más letal en Chile ocurre puertas adentro. La violencia intrafamiliar sostiene cifras que no bajan, las desapariciones y los femicidios muestran que el peligro no siempre viene del extraño, sino de vínculos que deberían ser protectores y terminan siendo letales. Aun así, esa violencia no entra en el cálculo electoral, porque no produce la épica de la mano dura ni sirve para inflar el repertorio punitivo de campaña. Las vidas de las mujeres quedan fuera del guion de la seguridad.

Esa omisión también revela un orden de género que decide quién merece protección y quién puede quedar al margen. Mientras proliferan propuestas de castigo para delitos asociados a la calle, el debate ignora cómo las formas de masculinidad que sostienen la violencia intrafamiliar son las mismas que circulan en el crimen organizado, marcadas por jerarquías viriles, lealtades forzadas, disciplina del miedo y pedagogías de la dominación que atraviesan la casa, la calle y la cárcel. En el entusiasmo por la mano dura se reinstalan viejos roles, hombres que mandan, mujeres que obedecen, cuerpos masculinos que afirman poder a través del daño. La política habla de seguridad, pero evita tocar la matriz afectiva y de género que alimenta estas violencias.

Ese otro que imaginamos en la cárcel no coincide con la violencia que realmente atraviesa la vida cotidiana. La política criminal, reducida a la épica del castigo, sigue operando sobre la fantasía de que la severidad es sinónimo de eficacia. No se trata de una oposición moral entre “buenismo” y “mano dura”, sino de constatar un hecho elemental que el debate público se empeña en expulsar: la evidencia muestra algo distinto. Y la persistencia en ignorarla no responde a falta de datos, sino a un imaginario punitivo que necesita reproducirse a sí mismo, aun cuando sus efectos sean reconocidamente contraproducentes.

Quizás ningún ámbito exhibe una disonancia tan marcada entre conocimiento disponible y retórica política como este. La investigación criminológica y sociojurídica da cuenta de que las cárceles no interrumpen las trayectorias delictivas, las profundizan. Forman parte del engranaje que el crimen organizado utiliza para asegurar su continuidad, espacios donde se consolidan jerarquías, se negocian territorios y se afinan economías ilegales. La llamada escuela del delito no es una exageración ni un alarmismo academicista; es una categoría analítica sostenida por décadas de investigación empírica y teórica. Sin embargo, el debate público insiste en rehuir esa constatación, como si la cárcel pudiera seguir desempeñando el papel de solución simbólica, aun cuando en la práctica actúe como multiplicador de las violencias que pretende contener.