Prólogo a la segunda edición

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Estamos en junio y el coronavirus COVID-19 no da tregua. Hemos pasado del confinamiento dinámico en algunas comunas de la capital, a la cuarentena obligatoria en toda la Región Metropolitana y prácticamente en todo el resto del país.

Estamos aprendiendo a lidiar con este encierro que para muchos trabajadores –y especialmente para las mujeres trabajadoras– implica una sobrecarga de trabajo, pues, al teletrabajo que se expande con el confinamiento obligado, se suma el quehacer doméstico y el cuidado, especialmente de hijos e hijas con las escuelas cerradas.

Pero esto no es igual en un país tan desigual. El teletrabajo tiene que ver con el empleo formal y además calificado, así como con un cierto tipo de trabajos que puede realizarse de manera remota.

Con un tercio del total del empleo que es informal, con muchas y muchos trabajadores dependientes de las áreas de servicios y de menores niveles de calificación, con millares de trabajadores de la construcción, restoranes, hoteles, centros de esparcimiento, del transporte privado y escolar que quedan inactivos, no hay teletrabajo ni trabajo alguno.

Se reacciona tarde. Desde el poder ejecutivo surgen algunas iniciativas legislativas que no dan cuenta del universo poblacional realmente afectado por la paralización de buena parte de las actividades económicas, excepto las esenciales y que son las únicas autorizadas para seguir funcionando.

La emergencia clama por medidas urgentes, la contagiosidad del virus obliga a pensar creativamente en medidas que impidan trámites presenciales para acceder a los apoyos monetarios, y los soportes económicos a los hogares deben ser los mismos cualquiera haya sido la fuente de ingresos que se ha perdido o disminuido. Sin embargo, las medidas se demoran, los aportes discriminan según fuentes laborales beneficiando de manera distinta a quienes pueden acceder a los requisitos, las exclusiones son muchas y los montos que finalmente llegan a los hogares son insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Bastaron algunas pocas semanas de confinamiento y drásticas medidas sanitarias sin un suficiente acompañamiento de protección de ingresos en los hogares para que reaparecieran, como un fantasma del pasado que pensamos no volveríamos a ver, las ollas comunes. En el Chile de aproximadamente 25 mil dólares de ingresos per cápita ha aparecido el hambre, la más básica de las necesidades. No tenemos cifras actualizadas de pobreza desde 2017, pero no hay mejor indicador de su expansión que el surgimiento de estas organizaciones comunitarias solidarias que proveen alimentación a millares de hogares a lo largo del país.

Y como siempre, aun en estas circunstancias (más bien, debido a las actuales circunstancias) el mercado no pierde sus oportunidades. Entre los habituales correos masivos que recibo aparece Mercado Libre ofreciendo lecturas para este período de confinamiento. Me sorprendo con dos libros de mi autoría más de treinta años después que fueran publicados: Hambre + Dignidad = Ollas Comunes (ediciones PET, 1986) y Organizarse para Vivir. Pobreza Urbana y Organización Popular (ediciones PET, 1987). El precio desproporcionado me llama la atención y enoja. Debe haber muy pocos ejemplares disponibles (yo misma sólo tengo un ejemplar de cada libro guardados desde entonces en mi biblioteca) y alguien va a lucrar con estas publicaciones que deben estar amarillentas por el paso del tiempo.

Soy su autora y se mezclan sentimientos contradictorios mientras recibo durante varios días el mismo correo masivo con esta oferta de libros. Por una parte, la conmoción de verlos reaparecer más de tres décadas después. Por otra, dolor de que su vigencia tenga que ver con el sufrimiento de miles y miles de familias que, al igual que ese ayer lejano, deben recurrir a las ollas comunes para tener un plato de comida caliente en la mesa.

Desde entonces empiezo a recibir varias invitaciones de periodistas para entrevistas en que se me pide relatar las experiencias de organizaciones populares solidarias de subsistencia en los ochenta, con otra crisis de proporciones y en plena dictadura. El ejercicio de la memoria, con una historia que se repite ante nuevas generaciones que se sorprenden de las similitudes de esa realidad, si bien en contextos históricos tan distintos, aparece en invitaciones a conversatorios on line con dirigentes sociales y líderes comunales, con fundaciones que se dedican al trabajo social y con concejales y alcaldesas que están apoyando a las actuales organizaciones en sus territorios.

Una amiga, la periodista Paula Walker, a quien le comento todo esto, me sugiere escanear mis dos ejemplares y hacerlos circular. Ella mientras tanto organiza más de alguno de los conversatorios que por vía remota proliferan en estos tiempos de pandemia. El frustrante resultado de mi trabajo artesanal de escaneo hecho en mi casa (ahora también oficina) no me desanima de la idea de hacer posible la libre circulación de ambos libros reeditados.

Recurro a quien por años ha sido editorial de otros libros míos y con la que en el curso del tiempo hemos construido amistad. Silvia Aguilera de LOM Ediciones se entusiasma y le hago llegar mis dos ejemplares. Hace algunas pruebas de escaneo y resultan. Vamos para adelante, me dice, no hace falta reescribir ambos textos y el escaneo ahorra tiempo. Silvia tiene claro que se trata de hacer libros electrónicos para su distribución gratuita y es tal su compromiso que me alienta diciéndome que la deje ver cómo hace para financiarlos. Pero yo estoy consciente que las editoriales están pasando momentos duros en esta emergencia sanitaria y social y que LOM Ediciones no es una excepción, aun siendo una editorial excepcional.

Entonces tomo contacto con el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea para promover la cohesión en América Latina, con el que colaboro hace ya varios años y del que soy miembro de su Consejo de Orientación. Y, al igual que Paula y Silvia, el programa EUROsociAL+ se entusiasma con la idea. Después de todo, EUROsociAL+ lleva años trabajando en la hipótesis de que los actuales niveles de desconfianza que proliferan en democracias de baja densidad participativa, en sociedades que como la chilena están marcadas por las desigualdades, requieren actores sociales colectivos que permitan tejer lazos de la política con la ciudadanía[1]. Y le hace mucho sentido que en medio de la proliferación actual de ollas comunes en Chile emerja la historia de esa misma experiencia hace décadas atrás. Desde Europa y en su trabajo con la región, este programa de cooperación es capaz de percibir el potencial de estas renovadas formas de organización que nacen en la crisis y que expresan algo que debemos explorar en Chile, pero no sólo acá. Tanto así, que me entero están propiciando un estudio para pesquisar qué está ocurriendo en otros países de América Latina, mientras me confirman que ellos apoyarán la reedición de ambos libros.

EUROSocial+, Silvia y Paula me permiten cumplir, no sólo con esta idea de revivir un par de publicaciones que recogen un pedazo de la historia social de mi país y que inesperadamente resignifican esa etapa de mi biografía, sino de poner a disposición de las actuales generaciones la memoria de ese pasado que remite a lecturas del presente y también proyecta lecciones de futuro.

Además, hay algo simbólico en esto de regalar libros y ponerlos gratuitamente a disposición de quienes pudieran interesarse en leer un fragmento testimonial de nuestra historia que hoy nos visita.

A mis amigas aliadas, mis agradecimientos (que hago extensivos a LOM Ediciones y al programa EUROsociAL+) y el compromiso de redactar un prólogo que explique por qué vale la pena este esfuerzo en que nos embarcamos colectivamente.

 Las organizaciones populares solidarias de subsistencia en los ochenta

Los dos textos que se reeditan en la forma de libro electrónico[2] fueron elaborados y publicados en los ochenta por el Programa de Economía del Trabajo, PET, que formaba parte de la Academia de Humanismo Cristiano, entidad que albergó numerosos Programas de análisis, reflexión y acción en diversas áreas de la realidad nacional durante los duros años de la dictadura.

Proscritas las ideas y la reflexión crítica en las universidades y, por cierto, vetados y expulsados de la vida universitaria sus portadores, el mundo académico democrático construyó sus propios espacios, que pasaron a denominarse Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Quienes se quedaron en Chile, sumados a los que fueron regresando paulatinamente de exilios en diversas partes del mundo, se encontraron en distintos centros de estudios en los que se produjo una riquísima actividad intelectual y de investigación.[3]

Como muy bien recoge un reciente libro[4] que hace el recuento de las experiencias ONG, hubo dos tipos de estos espacios: los que siguiendo la tradición académica centraron sus esfuerzos en la elaboración intelectual más clásica conformando un nutrido grupo de intelectuales que, desde entonces y hasta hoy, han estado presentes en el debate intelectual nacional (FLACSO y CIEPLAN por mencionar dos centros emblemáticos), y aquellos otros que se inclinaron por una estrategia de construcción analítica y de reflexión crítica de la realidad a partir de la acción en terreno con actores y organizaciones sociales[5]. Su sello característico fue la realización de investigación-acción o investigación participativa que, junto con el análisis de la realidad, colaboraba con actores y organizaciones sociales para el cambio en un horizonte de construcción democrática de base. Este segundo tipo de ONG y a diferencia de las primeras, en opinión de los editores del libro de referencia, jugaron un nuevo rol de “intelectuales colectivos” enlazando la investigación con la promoción social, lo que es una experiencia que no tenía precedentes en la actividad intelectual y académica anterior a la dictadura. Y me atrevo a agregar -ahora yo- que no ha sido replicada tampoco con posterioridad.

Si bien todas las ONG tuvieron una importante incidencia en la lucha democrática contra la dictadura y en la elaboración de las bases programáticas para la reconstrucción democrática post dictadura, vinculando el quehacer intelectual con la política –retomando algo propio de los agitados años universitarios y de la vida académica de los sesenta en Chile–, aquellas que como el PET dedicaron sus esfuerzos a la investigación-acción, adicionalmente fueron parte de un fenómeno que empezó a gestarse en la segunda mitad de los ochenta, la reconstrucción de un tejido social comunitario, de base popular, especialmente en las zonas urbanas.

El PET se fundó en 1978, pero su mayor actividad investigativa y de acción en terreno, así como sus publicaciones, se desarrollaron en los ochenta. Figura clave en el PET fue su director Humberto Vega Fernández, quien lo encabezó hasta que, en 1990, ingresó al gobierno de Patricio Aylwin. Es imposible hablar del PET sin rendirle un homenaje a Humberto. Falleció prematuramente sin poder asistir a este resurgimiento de organizaciones populares y al fortalecimiento del movimiento sindical que tanto motivaron su compromiso y conducción institucional en aquel PET de los ochenta. 

Los dos libros que ponemos nuevamente en circulación fueron parte de un trabajo más amplio que se desarrolló en una de las dos áreas de investigación-acción del PET: el área de Organizaciones Económicas Populares, conocida por sus siglas OEP.[6]

Más allá de que se pueda discutir el marco teórico que subyacía a las así denominadas OEP[7], el gran mérito de esta área investigativa fue visibilizar un fenómeno que tradicionalmente quedaba en las sombras, el mundo popular urbano, pues la política había subestimado hasta entonces (y eso no varía gran cosa posteriormente en democracia) a cualquier actor organizado que emergiera al margen del sindicalismo, considerado “el” actor del cambio por las ciencias sociales y por los intelectuales desde la temprana industrialización chilena.  

Los datos son elocuentes. Mientras cerca del 15% de la población que habitaba en áreas urbanas populares en esas fechas participaba de distintas formas de organización social ligadas a la subsistencia, el sindicalismo no lograba afiliar al 10% de los trabajadores sindicalizables[8]. Aun cuando no son comparables ambos tipos de organización ni estaban sometidas a las mismas restricciones, la evidencia de los ochenta apunta en la dirección del surgimiento de un actor social nuevo, de base popular y urbana, relevante cuantitativamente. Y, además, cualitativamente, como lo revelan los contenidos de ambos libros.

El catastro que se da a conocer en uno de los dos libros que presentamos con este prólogo, muestra que sólo en el área metropolitana de la capital[9] existía un total de 1.383 organizaciones de subsistencia en 1986. En ellas, sus miembros activos bordeaban las 50 mil personas con casi 200 mil beneficiados organizados. En menos de cinco años, desde 1982 (cuando se desata la crisis económica) y hasta la redacción de ambos libros, se triplicó el número de organizaciones de subsistencia y la población integrada a estas experiencias creció más de ocho veces, aumentando el tamaño de las organizaciones y su capacidad de convocatoria. Dejaron de ser organizaciones circunstanciales y se fueron consolidando. Entre los distintos tipos de organizaciones catastradas, las que dominaban eran aquellas asociadas al consumo, especialmente alimentario, siendo las más masivas las ollas comunes.[10]

No dar cuenta de esa realidad hubiera sido desconocer uno de los fenómenos más interesantes que se produjo en dictadura militar.

El punto de partida es la crisis de 1982 que disparó las cifras de desempleo e incrementó los niveles de pobreza, sobre todo, de la pobreza extrema. Recogiendo el análisis de uno de los libros más conocidos y citados en materia económica de la dictadura, escrito por el premio nacional de Ciencias Sociales y Humanidades Ricardo Ffrench-Davis[11], hay un punto de inflexión en 1982, momento en el que se transita del primer período de conducción económica de la dictadura militar a un segundo período, con soporte de economistas civiles, todos ellos entusiastas neoliberales, conocidos como “los chicago boys”. Esa segunda fase, iniciada a partir de la crisis de 1982, implicó poner en plena vigencia el tramado neoliberal sancionado por la Constitución Política de 1980, tras un plebiscito fraudulento con todo el poder de la fuerza en manos militares[12]. Liberalización comercial, incremento sustancial de exportaciones y la consiguiente contracción de las manufacturas llevaron a una alta mortalidad de empresas. Junto con la privatización de la seguridad social, la educación y la salud, nacía un sector empresarial modernizado, los triunfadores del modelo, a costa de muchísimos perdedores. Con la muerte de muchas empresas se destruyeron empleos, se produjo un fuerte retroceso distributivo y la desigualdad aumentó.[13]

En los años de publicación de la primera edición de ambos libros, según cifras oficiales de las series de datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación era de 12,6% en 1986 y de 11,9% en 1987 y, además, la tasa de participación laboral era muy baja, en torno del 50%[14]. De hecho, según datos elaborados en el PET a partir de información oficial de la época, nos llevó a afirmar en uno de los libros que “la desocupación real (cesantes, PEM y POJH, más trabajadores eventuales en “pololitos” y empleos marginales) alcanza al 40% de la fuerza de trabajo”. Y la pobreza cubría a más de cinco millones de chilenos, en su mayor parte, por lo demás, pobreza extrema, es decir, con ingresos que ni siquiera alcanzaban para satisfacer las necesidades alimentarias. Adicionalmente, y como reflejo de su impacto más dramático, se añadía que “de cada diez niños cerca de la mitad padece desnutrición”.[15]  

Este es el contexto económico que dio origen a las organizaciones populares de subsistencia y la razón de su expansión en la segunda mitad de los ochenta. Las más masivas, las ollas comunes, fueron capaces de desafiar la vergüenza que provocaba la admisión pública del hambre al tener que recurrir abiertamente a estas iniciativas y, más todavía, desafiar el miedo que implicaba formar parte y activar organizaciones, vistas siempre con sospecha por la dictadura, sobre todo cuando a partir de 1983 comenzaron las protestas sociales que continuaron durante toda la segunda mitad de los ochenta hasta el final del régimen autoritario.

En ambos libros hay testimonios de participantes y dirigentes de estas organizaciones que hacen referencia explícita a ambas, vergüenza y miedo, hasta que la organización trasforma la vergüenza en orgullo de solventar dignamente las necesidades básicas de los hogares, especialmente asegurando al menos un plato caliente de comida para los más vulnerables, los niños y niñas, y el miedo transita hacia un sentido de identidad comunitaria y pertenencia a un colectivo que rompe la sensación de desaliento e indefensión individual.

La proliferación de estas organizaciones y su creciente membresía, así como su permanencia en el tiempo y los testimonios recogidos en ambos libros, demuestran que estas organizaciones comunitarias y solidarias, nacidas en torno de la necesidad, finalmente trascienden esa esfera. Reconstruyen tejido social que, roto por la fuerza de la represión desde el golpe militar, así como por la desesperanza de la exclusión, logra superar esas barreras y comienza a restituir un sentido de comunidad. Se produce así, y como efecto no planeado, un lento pero consistente proceso de toma de conciencia de factores explicativos más estructurales del empobrecimiento y la exclusión y, por lo mismo, se empieza a dejar atrás la resignación y el fatalismo, para pasar a construir expectativas de que hay algún horizonte o futuro posible y que éste, por lo demás, no está escrito, sino que hay que escribirlo. Esa fue la trayectoria que vivieron estas organizaciones durante la segunda mitad de los ochenta y cuyo proceso se narra en ambos libros.

Había, pues, un lazo entre las organizaciones de subsistencia y la deseabilidad del cambio, constituyendo este nuevo tejido asociativo comunitario otra de las formas de luchar por la democracia, distinta a la que inspiraban las organizaciones reivindicativas y contestarias de la época.  

Pero, además, estas organizaciones populares fueron una escuela de ejercicio de democracia interna. Las decisiones se adoptaban en asambleas, los liderazgos se elegían periódicamente y se rotaban los cargos, habida cuenta que ellos no reportaban poder alguno sino tareas y responsabilidades. Se elaboraban reglamentos internos y se les daba seguimiento para su cumplimiento. Había compromisos de aportes o cuotas en dinero según la capacidad y posibilidad de cada familia y se suplían con más trabajo en la organización cuando escaseaba. En ausencia de una institucionalidad democrática a nivel nacional, sin debate ni deliberación pública, con severo control estatal de la información y las comunicaciones, la participación en estas organizaciones permitió el intercambio de puntos de vista, deliberar e informarse más allá de las materias propias del quehacer de cada tipo de organización.   

Otro de los aspectos más destacables de estas experiencias es la centralidad de la participación de mujeres. Su presencia no sólo era abrumadoramente mayoritaria, sino decisiva. A diferencia de las organizaciones tradicionales, de carácter más bien reivindicativo y basadas en modelos de representación que convocaban una participación casi exclusiva de hombres, estas nuevas organizaciones de subsistencia eran de gestión y para abordar de manera práctica necesidades del diario vivir. Constituían un espacio más propicio para la participación de mujeres. Después de todo, eran una especie de extensión de las labores tradicionalmente asumidas como propia de las mujeres en el ámbito doméstico, como son el cuidado y la alimentación.

Muchos testimonios en nuestras conversaciones durante el proceso de investigación que dio origen a ambos libros apuntan en esa dirección, pero con un agregado que hace la diferencia. Sin duda, cocinar, alimentar, comprar víveres, coser, tejer y bordar son acciones que se realizan en el espacio doméstico como rutina habitual. Salir del encierro y de la privacidad de la casa para hacerlo colectivamente, en el espacio de una organización, con horarios fuera del hogar y teniendo además que tomar decisiones mayores, manejar recursos y administrar dineros, dirigir equipos y grupos de trabajo, hacen una tremenda diferencia.

El impulso inicial que llevó a las mujeres a tomar la decisión de romper la inhibición del trabajo fuera de la casa, de superar el sentimiento de vergüenza al explicitar su precariedad económica y atreverse a participar de una organización a pesar del miedo, nacía de algo que es profundamente vital: la sobrevivencia imperiosa de los hijos. Recurrentes fueron los relatos de cómo los hombres se venían abajo, sicológicamente quebrados por el desempleo que anulaba su papel de proveedor, dañando su autoestima. Y ellas pasaban a ser testigos de cómo la cesantía de los hombres los desmoralizaba y los dejaba, en el mejor de los casos, de brazos cruzados y con frecuencia bebiendo alcohol en exceso. En ese cuadro, no había otra opción. Era imperioso organizarse para subsistir.

Del total de las organizaciones solidarias de subsistencia, en el 93% participaban mujeres y en el 60.4% sólo participaban mujeres (solamente en un 6.4% de estas organizaciones había exclusivamente hombres). Y es en las ollas comunes donde el fenómeno de la feminización de la organización fue más visible. Salvo en una sola olla de las catastradas con mayor participación de hombres, en el 72.9% de las ollas comunes sólo participaban mujeres y en el 26.6% restante se advertía una participación mixta.  

Pero tanto o más relevante son los roles dirigenciales que adquirieron las mujeres y que fueron construyendo nuevas habilidades y capacidades de gestión, por una parte y, de otra, permitieron la socialización de ideas en relación a la situación del país y a la lucha democrática que se desarrollaba más abiertamente en las poblaciones desde 1983. Del total de las directivas constituidas en todas las organizaciones populares de subsistencia, el 82% eran mujeres dirigentes.       

Las acompañé infinidad de veces, cociné en algunas ollas y me senté en los talleres de artesanía tratando de aprender algo de sus habilidades, asistí a sus asambleas, compartí con sus familias, especialmente con sus hijos que eran de la edad de los míos y concurrí con muchas de ellas a los consultorios de salud solicitando que se pesaran a los niños y niñas para evaluar su estado nutricional. Más de alguna vez nos cuidamos mutuamente cuando advertimos la presencia de autos con personal de la CNI[16] siguiendo nuestros desplazamientos con el propósito de amedrentarnos y hacernos saber que estaban al tanto. Y presencié, como testigo testimonial, las transformaciones vitales que experimentaron las mujeres a través de su participación en estas organizaciones.

Las primeras voces que escuché decir que un trabajo no remunerado es igualmente un trabajo, las oí de muchas de ellas al hacer un balance de su esfuerzo solidario en las ollas comunes. Es más, de ahí a revalorizar el trabajo doméstico en igual perspectiva fue un corto paso. Hubo un descubrimiento –que no fue el resultado de una proclama feminista ni de algún marco teórico elaborado por una intelectual– de que las tradicionales tareas de cuidado y de labores domésticas tenían igual valor que los trabajos remunerados de sus parejas y que ahora cesantes, ellos tenían que darse cuenta de la importancia de las mujeres en la sobrevivencia familiar.

En la práctica, se alteraron las relaciones intrafamiliares, cambiaron conductas y roles. Si los hombres tuvieron que lidiar con su resentida autoestima por la imposibilidad de proveer, las mujeres crecieron en autoestima por asumir esta nueva responsabilidad de proveedoras que antes estaba reservado en exclusiva al jefe de hogar. Los hijos e hijas vieron esos cambios en sus hogares y, como además en ocasiones acompañaban a sus madres a las asambleas de organización de actividades y a la posterior implementación de las mismas, tuvieron una nueva perspectiva sobre los roles de la mujer.

No nos sorprendamos que treinta años después esa memoria se manifieste en nuevas ollas comunes que surgen en medio de la crisis sanitaria y social por el COVID-19 y que haya habido un traspaso generacional de experiencias y de valoraciones positivas hacia la organización y el trabajo comunitario solidario.

Tanto las organizaciones populares, como las mujeres han sido invisibles en la historiografía de la lucha democrática que se desarrolló en nuestro país durante la dictadura y, en especial, en la segunda mitad de los ochenta. Tan invisible como la contribución que, hasta el día de hoy, tiene el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres en las economías familiares y, por extensión, en la economía nacional.

Treinta años después, la invisibilidad sigue presente, así como la ausencia de reconocimiento político protagónico de las organizaciones sociales, especialmente populares, al menos hasta muy recientemente y potenciadas por el estallido social de finales del 2019 y ahora en la pandemia. Y a pesar de avances innegables, el rol político de las mujeres (cuya participación sigue siendo minoritaria) y en la economía ha ganado más un reconocimiento retórico que sustantivo, como lo revela la actual emergencia sanitaria y social con la sobrecarga del cuidado privado que recae en los hombros de las mujeres y también en su trabajo solidario comunitario que, al igual que entonces, tiene a las mujeres de protagonistas en las ollas comunes.

Datos y testimonios, cifras y descripciones de actividades, narraciones de modalidades de gestión y de formas de toma de decisiones, liderazgos e iniciativas colectivas transversales, vidas familiares y entornos, están recogidos exhaustivamente en ambos libros intentando socializar la cruda realidad de esa época, pero sobre todo la atmósfera social de esos tiempos duros. En las ollas comunes se cocinaba en fogones a leña y los grandes fondos de aluminio se ennegrecían con los días. A lo más, algunos techos frágiles protegían de las lluvias pues se cocinaba a la intemperie y en piso de tierra. Las asambleas se realizaban en sedes facilitadas por iglesias con apoyo de la Vicaria de la Solidaridad y el frío calaba los huesos en el invierno. Todo este tramado social de energías solidarias emergía en total ausencia de un Estado que, reducido entonces a su mínima expresión en su rol social protector, estaba al servicio de la represión de cualquier forma de organización y liderazgo. 

Organizarse en dictadura y con una precariedad sin límites, es parte de una historia que, por semejanza que quiera encontrársele con la realidad actual de las organizaciones populares, es importante conocer en sus diferencias, para poder extraer aquello que sí permita la comparabilidad. 

 

La deuda política de más de 30 años con la sociedad civil y sus organizaciones 

Con la llegada del primer gobierno elegido democráticamente al término de la dictadura en 1990, la gran tarea nacional de asegurar el afianzamiento de la democracia ante la amenaza siempre posible de una regresión autoritaria[17], se acoplaba a la urgencia de enfrentar el feroz legado de pobreza y exclusión heredados del régimen de Pinochet y que golpeaba con especial dureza a los cinco millones de ciudadanos en situaciones de pobreza e indigencia.

Replicando iniciativas similares ensayadas en otros países latinoamericanos que estaban empezando a dejar atrás regímenes dictatoriales con similares secuelas de empobrecimiento y exclusión social masivos, surgió en 1990 –desde el comienzo del gobierno de Patricio Aylwin– la iniciativa de constituir el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, con sus conocidas siglas FOSIS, como un instrumento especializado para abordar de manera innovadora respuestas de superación de la pobreza.

La innovación estaba pensada en dos sentidos: por una parte, constituir el FOSIS como un servicio público que, con recursos fiscales (en esos momentos, también de la cooperación internacional financiando proyectos para apoyar el proceso democratizador en el país), pudiera actuar de manera ágil y flexible con la propia comunidad, apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de proyectos de superación de la pobreza; por la otra, ensayando iniciativas innovadoras locales y a pequeña escala, para que, una vez probada su eficacia, pudieran ser replicadas más masivamente por los ministerios sociales, como parte de una política pública más universalista. 

El FOSIS se dio a la tarea inmediata, en su primera etapa, de apoyar iniciativas de las propias comunidades en la solución de sus necesidades, a la espera de acumular la suficiente densidad de experiencias como para traspasarlas al sector público y consagrarlas como parte de las políticas sociales.

A partir del trabajo en el PET y en contacto con las prácticas de quienes experimentaban condiciones de pobreza y buscaban respuestas organizadas de solución a sus necesidades, me incorporé al FOSIS con la convicción de algunos criterios centrales a ser priorizados en una estrategia pública de superación de la pobreza, esta vez con soporte del Estado y con recursos fiscales. Esos criterios fueron compartidos por el primer equipo que asumió responsabilidades en esta nueva institución que dependía del Ministerio de Planificación y Cooperación, conocido como MIDEPLAN.

De los contenidos y conclusiones de ambos libros que este prólogo presenta, es posible desprender cuáles eran estos criterios orientadores que inspiraron el trabajo fundacional del FOSIS para abordar la pobreza.

Como punto de partida, cómo entender, conceptualizar y caracterizar la pobreza. Por una parte, “la pobreza constituye un modo de vida, son relaciones de personas entre sí y con sus distintos recursos. La pobreza son pautas culturales que suman percepciones sociales, expectativas de lo deseable y respuestas posibles de confrontación con la diaria subsistencia”. Asimismo, la pobreza en su carácter “multidimensional se vive como exclusión integral” en un espacio territorial que, en esas épocas, “era el resultado deliberado de una estrategia de segregación espacial” que había implementado la dictadura y que dibujó una ciudad segregada, liberando terrenos en ciertas zonas y comunas que adquirían alto valor, al mismo tiempo que concentraba la pobreza en zonas periféricas, fuera de la vista. Ante esta situación las familias respondían con “estrategias individuales o familiares de subsistencia y establecían redes de apoyo informales con sus pares hasta que de ahí derivaban en una mayor formalización a través de estrategias organizadas de subsistencia”. Las primeras siendo de “carácter defensivas”, mientras “las colectivas son propositivas”.[18]

De lo anterior, se desprendía la necesidad de promover una acción pública que estuviera basada en un apoyo no individual como estrategia de superación de la pobreza, sino colectiva, a través de sus organizaciones, con base territorial y, sobre todo, con su activa participación.

Subyacía la idea, tal como los estudios recogidos en ambos libros muestran, que quienes viven situaciones de exclusión han ensayado en las peores circunstancias estrategias de sobrevivencia, transitando de las frustrantes o limitadas respuestas individuales centradas en las familias, a estrategias más colectivas, organizadas y basadas en la solidaridad, con mejores resultados y así valoradas por quienes sustentaban esos esfuerzos colectivos.

Y esa capacidad de respuesta había que potenciarla desde el inicio de la transición a la democracia como aspecto central de la política pública de superación de la pobreza. Habíamos constatado en los estudios, y eso se refleja en ambos libros, que cuando las iniciativas nacen participativamente se adquiere un compromiso con los procesos, con los recursos y las metas. Si eso se había logrado con escasísimos recursos, cuánto más se podría potenciar esta vez con el soporte fiscal que la dictadura había cortado, retomando el Estado un rol del que había abdicado.  

Se adhirió así a la decisión de apoyar estrategias de salida de pobreza con base en la iniciativa organizada de quienes la viven, forjando sus propios caminos de desarrollo. Y esta mirada era, asimismo, sobre el tipo de democracia participativa necesaria de reconstruir.

Los primeros programas se orientaron a lo que había sido emblemático en el periodo de la dictadura, la porfiada decisión de organizarse ante la más básica y esencial de las necesidades. Se estimularon fiscalmente iniciativas de apoyo alimentario, especialmente destinados a infancia y adultos mayores, en distintas comunas de mayor concentración de pobreza con el trabajo de las mismas ollas comunes, pero esta vez con otra infraestructura y ampliando la cobertura de modo de abordar el problema de la desnutrición y malnutrición, todo ello como un complemento de los programas alimentarios estatales[19] y como anticipo del posterior apoyo a la reconversión de las ollas comunes en microempresas que pudieran ser parte de la provisión de alimentos elaborados para los estudiantes a través del sistema escolar. Se trataba de convertir las ollas en organizaciones que pudieran prestar servicios y además generar ingresos a las mujeres, las más castigadas con la cesantía.

Pero tanto o más que los programas en sí mismos que se orientaron a apoyar a las organizaciones de subsistencia surgidas en los ochenta, es haberles dado una señal simbólica como un gesto de la naciente democracia con sus participantes y como reconocimiento a su labor. A los pocos meses de iniciado el primer gobierno de la transición, y organizado por el FOSIS, se invitó a dirigentes de todas las ollas comunes a un almuerzo en el Patio de los Naranjos en el palacio de gobierno, La Moneda. En las mesas redondas desplegadas en dicho patio, se sentaron un centenar de dirigentes, casi todas mujeres, y en cada mesa además estaba sentado un ministro u otra autoridad que formaba parte del primer gabinete del gobierno de Aylwin. Se intentaba dar la señal que la política dialogaba como par con las organizaciones sociales, justo ahí donde el poder está instalado, en la sede de gobierno. Y por primera vez en su vida, estas mujeres que provenían de las comunas más empobrecidas de la capital, fueron atendidas por diligentes mozos que les servían la comida. 

Esa misma señal simbólica es la que dio origen probablemente al programa más exitoso del FOSIS y que logro resultados notables. El “Entre Todos” fue una apuesta participativa de desarrollo social con base local, en territorios particularmente rezagados y postergados, con altos niveles de pobreza en el país. Las comunidades debían organizarse y a través de un proceso participativo en reuniones de asambleas, con una metodología apoyada por el FOSIS, priorizaban sus necesidades, así como los proyectos que debían resolverlas. Los proyectos priorizados y seleccionados democráticamente por las asambleas respectivas y resultantes de la deliberación colectiva serían financiados por el Estado y ejecutados por la propia comunidad o bajo su conducción si se requirieran apoyos de entes más especializados.

Por años se financiaron centenares, si no miles, de proyectos a lo largo del territorio del país, mientras se fortalecía el trabajo comunitario, la organización ciudadana y el ejercicio democrático deliberativo.

Un episodio permite calibrar el impacto real en las vidas de las comunidades a partir de estas iniciativas participativas. En la celebración del primer año de este programa “Entre Todos” y en un diálogo con dirigentes de todo el país que asistieron a una evaluación de la experiencia, uno de ellos narró cómo lo había vivido su comunidad y qué evaluación hacían. Nos relató que su comunidad había hecho todo el proceso de priorización de sus necesidades y habían votado con amplia mayoría un proyecto para construir una pasarela por sobre sus caminos empedrados y de tierra, pues en el invierno y con las lluvias se anegaban y quedaban aislados. No podían transitar para acudir al servicio de salud más cercano, ni los estudiantes podían asistir a la escuela que también estaba localizada fuera de la comunidad, agregando que en esas circunstancias tampoco podían salir a vender sus productos agrícolas de los cuales subsistían las familias de la comunidad. El FOSIS había financiado esa pasarela y se habían resuelto esos problemas en el invierno que recién había terminado. Y culminó su relato contando que fruto del resultado del programa “Entre Todos” se habían reunido en asamblea y habían decidido cambiar el nombre de su comunidad. Antes de tener esa pasarela se llamaban Salsipuedes y ahora unánimemente su comunidad eligió llamarse La Gloria.   

Una tras otra estas experiencias de respuestas participativas y organizadas para abordar las distintas dimensiones de una pobreza que era vivida integralmente por las comunidades en zonas urbanas y rurales, nos mostraban que allí había una riqueza de aprendizajes que debían ser tomados como modelos de estrategia por el conjunto del sistema público. No sólo prosperaban las mejores iniciativas de solución a problemas reales, sino que se evidenciaba un fortalecimiento y consolidación de organizaciones sociales y de prácticas democráticas en un país que había pasado por 17 años de dictadura, con fragmentación social y con relaciones verticales.

Pero nuestro esfuerzo de irradiar más allá del reducido espacio que tenía este pequeño servicio público, no prosperó.

Todo el impulso innovador y el entusiasmo participativo con base en comunidad organizada encontraron escollos desde el primer momento. Obviamente, no era esperable que hubiera alguna receptividad desde la derecha que había cohabitado con el régimen militar y que estaba presente desproporcionadamente en el parlamento por el sistema electoral binominal y que mantenía muchos puestos en la administración del Estado, con plantas funcionarias inamovibles que dejó instalada la dictadura a su término. Al igual que en el período autoritario, esa derecha política miraba con sospecha la sola existencia de las organizaciones y nada le era más ajena que la deliberación participativa ciudadana, máxime si provenía de sectores populares. 

Pero lamentablemente esta postura no estaba circunscrita al mundo de la derecha. También una parte importante de los partidos de centroizquierda gobernantes fue renuente a esta orientación.

Aquellos que no habían vivido las experiencias de las ONG, prejuiciadamente les atribuían a estas orientaciones ser parte de una estrategia de la izquierda para orientar sesgadamente el proceso democratizador y acumular fuerzas. A su vez, también al interior de los partidos de la izquierda gobernante había una corriente dominante, si no de rechazo, de desinterés con estas experiencias, puesto que a su juicio estas organizaciones populares eran irrelevantes para el proceso democratizador.

Siendo esa la percepción política dominante respecto de las organizaciones sociales, especialmente de las organizaciones populares, haber cerrado la opción de fortalecimiento de las organizaciones y de los procesos de participación fue, sobre todo, el resultado de un cierto diagnóstico del contexto político y de las tareas del período que adoptó el conglomerado de partidos gobernantes y el propio gobierno de esas fechas. Y luego también lo sería de los que le siguieron.

El temor a una reversión autoritaria -comprensible para esa época con Pinochet activo en las fuerzas armadas, enviando “mensajes” amenazantes para la naciente democracia[20]- y las tensas relaciones cívico-militares derivadas de la siempre presente figura de quien había encabezado el golpe de estado y el régimen dictatorial, eran parte de un escenario político que pesaba sobre las orientaciones del primer gobierno electo post dictadura y en parte importante de la dirigencia partidaria que lo acompañaba, integrando una coalición plural de partidos que no habían convivido fácilmente en el pasado y entre los cuales había un corto recorrido compartido en los últimos años de la dictadura.

Con ese escenario, el desafío del gobierno y de su coalición, por entonces Concertación de Partidos por la Democracia -conocida como Concertación[21]- era demostrar que había capacidad de gobernar. Subyacía la idea de que fortalecer a las organizaciones sociales populares podía poner en riesgo la naciente democracia con demandas que desviaban la atención de lo fundamental, que era el tránsito exitoso a la democracia y que podían poner en peligro la capacidad de conducción económica del gobierno.

Por tanto, la desconfianza de ciertos sectores políticos hacia las organizaciones en general, y más si eran populares, el menosprecio de otros sectores políticos hacia este tipo no tradicional de organización, y las tensiones en las relaciones cívico militares que eran percibidas de alto riesgo para el proceso de transición a la democracia, sumadas a la necesidad de legitimar la capacidad de conducción política y económica de la coalición gobernante, frenaron el esfuerzo de incentivar a las organizaciones de la sociedad civil con apoyo público y marcaron el tipo de democracia de baja intensidad participativa que nos ha acompañado por décadas.

Quienes pensábamos que, al contrario, ellas podían ser parte del sostén y garante de la democracia y de la nueva estrategia de desarrollo, fuimos minoría y no pudimos llevar adelante la orientación inicial y fundacional del FOSIS. Esto, en lo relativo a cómo se fueron comportando los gobiernos de centroizquierda desde los noventa y cómo marcaron las orientaciones de las políticas públicas. El FOSIS fue institucionalizándose y especializándose en apoyo a financiamientos para micro emprendimientos con el paso de los años y en las sucesivas administraciones del poder ejecutivo, perdiendo su perfil fundacional.

Junto con esta transformación, las organizaciones sociales también perdieron sustento, mutaron y murieron al amparo de una política social que abandonó la idea de comunidad e iniciativas asociativas con base territorial y fomentó la asignación de recursos y beneficios con criterios de focalización individual y familiar. A la individualización propia de una sociedad mercantilizada inherente al modelo neoliberal, se le agregó el ingrediente de una política pública y social basada en la focalización individual, desconectados los individuos de su comunidad y en la que conviven sus pares. Se apoyaba a los individuos y a sus hogares con beneficios estatales al mismo tiempo que se segmentaba a la sociedad, rompiendo lazos y tejido social, desvalorizando las potencialidades de la solidaridad.

Y esta lógica imperante que, si bien discutible, pudiera haber tenido algún sustento político en los difíciles primeros años de la transición, dejó de tener algún fundamento cuando Pinochet y lo que representaba salen del cuadro político. Pero, para entonces, la inercia estaba instalada y respondía a un ordenamiento que también había ocurrido en la institucionalidad política y al interior de los partidos que, crecientemente, perdieron nexos con las organizaciones sociales. Esta realidad no ha sido muy distinta a la que se ha vivido en otros países de América Latina que transitaron a la democracia después de cruentas dictaduras y con altos niveles de pauperización: desactivación de las organizaciones sociales o subordinación como “ejecutores” de programas gubernamentales por una parte y, por otra, desconexión entre partidos y sociedad civil, con especial énfasis en la marginación política, o en algunos otros casos, cooptación de las organizaciones populares.

En el balance de los años noventa coincide este proceso de desactivación y debilitamiento de las organizaciones y del tejido social con una reducción sostenida de la pobreza y su manifestación más extrema, la indigencia; aumentan las coberturas educacionales y el acceso a la salud, así como la desnutrición es erradicada. Los niveles de allegamiento y viviendas precarias disminuyen con agresivos planes de vivienda social que dan techo y acceso a servicios a miles de familias, si bien en condiciones de habitabilidad muy reducidas. Se extiende la electrificación y el acceso al agua potable. Las mujeres, aun cuando mantienen brechas de participación laboral e ingresos con sus pares hombres, logran reducir lenta y paulatinamente tales diferencias.

A partir del nuevo siglo, sectores en situación de pobreza abandonan más masivamente dicha condición y comienzan a integrar nuevos sectores que, malamente, algunos califican de sectores medios emergentes, pero que en su mayoría son vulnerables dados los bajos ingresos del trabajo en un país que tiene una muy desigual distribución del ingreso. Todo ello, en un cuadro de segmentación social y persistente desigualdad que, al igual que la pobreza, es multidimensional y que, así como se expresa en la desigual distribución de los ingresos y en las persistentes brechas de género, se manifiesta además en una de las herencias de los ochenta que, lejos de superarse, se ha consolidado, tal es, la segregación social en los territorios, en las ciudades y, a su vez, las desigualdades entre regiones del país.

Según los datos más recientes disponibles de la última encuesta de caracterización socioeconómica de hogares, CASEN realizada en 2017 y con la metodología de la CEPAL, el 10.7% de la población está en situación de pobreza (y dentro de ella, solo el 1.4% en extrema pobreza). Pero exceptuando un 6.1% de sectores medios altos y un 4.4% de sectores altos o ricos, el resto de nuestra población estaría entre la vulnerabilidad y apenas llegar a fin de mes cubriendo las necesidades. Es decir, el 89.5% de la población estaría entre la extrema pobreza y el ajustado vivir día a día.[22]

En cuanto a la desigualdad y con los mismos datos de la última CASEN 2017, se advierten niveles que no están muy distantes a la desigualdad que se experimentaba cuando ambos libros fueron redactados en los ochenta, con un índice de Gini de 0.501.[23]

De modo que hasta antes de la pandemia -que habrá de alterar drásticamente la situación social en toda Latinoamérica- Chile se ubicaba como el segundo país con menor nivel de pobreza después de Uruguay, pero como el séptimo país más desigual de América Latina, en la región más desigual del planeta.[24]       

Al momento de escribir este prólogo, y como anticipo de la realidad social que habremos de afrontar por la magnitud de la crisis social y económica que se vive con esta prolongada emergencia sanitaria, las cifras de desempleo y la consiguiente pérdida de ingresos ha alcanzado niveles similares a los de 1986, cuando proliferaban las organizaciones populares de subsistencia: la tasa de desempleo es del 12.2% (casi un millón de desocupados), pero si agregamos a la fuerza de trabajo potencialmente activa y que no puede emplearse por la situación sanitaria imperante (casi 2 millones de personas), ésta se eleva al 37.1%.[25]

Estos son los datos de una realidad social que tiene como contrapartida la manera en que subjetivamente es percibida esta realidad por parte de la ciudadanía.

La tranquilidad social y la pasividad ciudadana se mantuvieron en los primeros dos gobiernos de la Concertación (Patricio Aylwin 1990-1994 y Eduardo Frei 1994-2000) a la par con avances sociales que permitían enfrentar los altos niveles de exclusión heredados de la dictadura. Estaba muy reciente y vívido el recuerdo de la dictadura y las penurias que significó para millares de ciudadanos, mientras la expansión de la economía ofrecía nuevas posibilidades de consumo a amplios sectores sociales que habían estado marginalizados de los bienes a los que ahora se podía acceder, aún si esto fuera a costa del endeudamiento que significó la temprana penetración de las tarjetas de crédito en los hogares.

Pero la paz social deja de ser tal a partir del tercer gobierno de la Concertación y se acentúa el clima de malestar, gobierno tras gobierno[26], con movilizaciones y protestas sociales que van revelando la lenta rearticulación del movimiento social, si bien sin mayor impacto en la revitalización de las organizaciones populares que, a diferencia del sindicalismo, tienden a surgir para demandas específicas y a disolverse con posterioridad. 

Este lento despertar de una sociedad quieta fue la respuesta a la incumplida promesa que estaba en el tácito acuerdo político y social de prosperar sin demandar de los primeros años de la transición a la democracia, exhibiendo Chile cifras siempre alentadoras de promesas de un futuro mejor, como lo era la sostenida reducción de la pobreza y el ritmo de crecimiento del país, a la par con una expansión de la cobertura educativa. Pero la constatación de que superar la exclusión llevaba a formas de integración muy desiguales, empezó a erosionar la credibilidad en una movilidad social ligada al crecimiento y a la educación. Desde la desesperanza en los ochenta en dictadura, se transitó a las expectativas que en los noventa fomentó el mito de un crecimiento generando bienestar para todos (la teoría del “chorreo”), para llegar al inicio del nuevo siglo con la frustración de estas ilusiones que devinieron en un extendido malestar, en vistas a las multidimensionales formas de desigualdad que se estaban experimentando.

A diferencia de la segunda mitad de los ochenta cuando comenzó a moverse la sociedad chilena e inició el proceso de rearticulación del tejido social en medio de la dictadura, en que las movilizaciones demandando democracia eran parte de un país que no ofrecía bienestar alguno, el despertar del malestar en las últimas dos décadas, sobre todo en recientes años, “no es explicable en la ausencia de mejorías en el bienestar relativo alcanzado por los hogares, sino por su desigual distribución -por origen socioeconómico, condición étnica y de género, residencia y territorio- que anulan la influencia del esfuerzo y los méritos”.[27]      

Por mejores salarios y condiciones laborales; contra la colusión de precios, por el fin de los abusos en las casas comerciales, del sistema financiero y del endeudamiento privado; por acceso a viviendas de mejor calidad, bajo la forma de gratuidad en la educación y por acceso a una educación y salud de calidad; por mayores autonomías regionales, contra la depredación medioambiental y sus efectos en la salud, proyectos energéticos y mineros; por la diversidad y no discriminación en materia de orientación sexual, demandas feministas y de reconocimiento de pueblos indígenas; por mejores pensiones y cambios del sistema que las sustenta, una tras otra estas demandas fueron parte del escenario político que movilizó a la sociedad chilena a partir del nuevo milenio. Ésta adquiere masividad y mayor fuerza desde el movimiento estudiantil del 2011 (durante el primer mandato de Sebastián Piñera) y se condensa definitivamente en el estallido social de octubre del 2019 (durante el segundo mandato de Sebastián Piñera). Si bien su visibilidad desaparece de la escena pública a partir de marzo 2020 con la pandemia instalada en nuestro país, sigue latente y forma parte de una realidad social imposible de eludir.

Pero no sólo conflictividad y demandas con movilizaciones en las calles de distintas ciudades en todas las regiones del país. Hay también una lenta y poco perceptible revitalización de la sociedad civil reorganizándose en diversas formas y tipos de agrupaciones. Una reciente publicación que presenta un exhaustivo catastro de organizaciones de la sociedad civil registra más de 200 mil activas de una amplia variedad. Entre éstas, el 80% son organizaciones de carácter comunitario y funcionales, mayoritariamente las tradicionales juntas de vecinos y uniones comunales, así como agrupaciones de base ligadas a la problemática habitacional (comités de allegados, de pavimentación, de mejoramiento urbano, etc.). Según reporta dicho informe, “entre 2005 y 2018 la tasa de crecimiento anual de las organizaciones de la sociedad civil más que duplica la creación de empresas…y la mayor parte tiene menos de 10 años” [28]. Con estos antecedentes se hace explicable que en medio de la actual crisis proliferen las ollas comunes, muchas de ellas por lo demás ligadas a las organizaciones vecinales existentes. No sólo son el fruto de la memoria histórica, sino que también forman parte de una rearticulación silenciosa de tejido social.

Proliferan al margen del sistema político y con un modelo de institucionalidad que las mantiene fuera de su esfera de acción, creándose una frontera entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de la democracia. A la desigualdad social y a la fragmentación que ella provoca y que las organizaciones intentan contrarrestar promoviendo iniciativas más colectivas, basadas en la reciprocidad y la solidaridad, se le adiciona una forma de democracia de escasa densidad participativa.

Todos estos hechos van provocando y ahondando uno de los fenómenos más dañinos para la convivencia y el desarrollo, la desconfianza.

América Latina tiene el lamentable doble record de ser la región más desigual del mundo y, a su vez, la más desconfiada según los informes Barómetro que se aplican en distintas regiones. Mientras en América Latina 8 de cada 10 ciudadanos desconfían del otro, en los países nórdicos la situación se invierte y confían en el otro 8 de cada 10 ciudadanos.[29]

Pero no sólo es una región biográficamente desconfiada, al menos desde que existen registros con estos estudios en la primera mitad de los noventa, sino que dicha desconfianza ha ido acentuándose con el paso del tiempo.

En su mejor momento los partidos políticos, el Congreso, el poder judicial y los gobiernos concitaron la confianza de menos de la mitad de la población en los 18 países latinoamericanos encuestados[30], teniendo su mejor desempeño al inicio de estos estudios, coincidiendo con la esperanza depositada en los procesos de democratización de los noventa. Pero, con el pasar de los años, la confianza hacia estas instituciones de la democracia empezó a declinar llegando a ser inferior a un tercio de los habitantes en los últimos años, con particular desconfianza hacia los partidos políticos y el Congreso.

De este fenómeno de desconfianza y su relación con las desigualdades, no sólo dan cuenta estudios cuantitativos (como la citada serie Latinobarómetro) sino también estudios cualitativos realizados en Chile que apuntan a un malestar que está radicado en la esfera de la desigualdad de trato, en las relaciones de subordinación, en la existencia de privilegios y discriminaciones por razones de origen, así como en las prácticas verticales y abusivas que reglan las relaciones entre quienes tienen y no tienen poder. Todo ello en el contexto de una sociedad fragmentada, con desvalorización de la iniciativa colectiva.[31]

Se instala así la desconfianza en lo público asociada a una creciente percepción de desigual distribución del bienestar y, por lo mismo, percibiéndose el poder político como antagónico al interés ciudadano. No es sólo una desigual distribución económica, sino también de poder.

Desconfianza en las instituciones que se extiende, asimismo, a las relaciones interpersonales y en que los niveles de confiabilidad decrecen a medida que se produce una distancia del otro, visto como distinto o con poder. Así como los mayores niveles de confiabilidad en las personas se da con los pares (colegas de trabajo 70%, vecinos 63%, connacionales 53%), las mayores desconfianzas son hacia el distinto (extranjero 28%, indígena 45%) y hacia quien ejerce algún grado de poder (funcionario municipal 33%, telefonista de una central 22%).[32]

Estos altos niveles de desconfianza en lo público y en las relaciones interpersonales hablan de un fenómeno preocupante de la actual realidad latinoamericana que tiene que ver con el debilitamiento de la democracia y de la convivencia. Y es esta forma de democracia de escasa densidad participativa la que empieza a perder adhesión. Fenómeno que, siendo una constante en América Latina, muestra una inquietante vigencia en Chile.

Aumentan la indiferencia hacia la democracia como régimen político, así como crece la insatisfacción con la democracia.

Después de un alto apoyo latinoamericano a la democracia en los noventa (en 1997 llegó a tener un respaldo del 63%), éste declina hasta llegar al 48% en 2018, el peor resultado desde que se aplica el estudio Latinobarómetro[33]. Es decir, menos de la mitad de la población de América Latina expresa su adhesión explícita a la democracia. Al mismo tiempo, aumenta la indiferencia hacia la democracia como régimen político con su peor resultado desde 1995, con casi uno de cada tres ciudadanos latinoamericanos (28%) indiferentes hacia cualquier régimen político. En Chile, la adhesión al régimen democrático aparece escasamente mayoritaria (54%), la indiferencia hacia cualquier régimen político es menor que en el resto de América Latina (15%), pero después de Paraguay el nuestro es el segundo país de la región con mayor preferencia por un régimen autoritario, con 23% de los ciudadanos encuestados.

Otro estudio posterior y de alto prestigio académico[34], realizado en 2019, muestra que en las Américas el apoyo a la democracia llega al 57.7% en un descenso progresivo desde el 67.6% de adhesión en 2004.  Y Chile está entre los países donde la legitimidad de la democracia es de las más bajas, después de Honduras, Brasil y Perú[35].

Según el mismo Latinobarómetro citado, derivado de lo anterior se masifica una insatisfacción hacia la democracia. En la última década (desde 2008 al 2018) el desencanto con la democracia ha crecido en 20 puntos porcentuales, con sólo un 20% de los latinoamericanos que declara satisfacción con la democracia. En Chile, si bien algo mejor, casi la mitad de la población está insatisfecha con la democracia. Menos pesimistas, pero igualmente inquietantes son los resultados del estudio LAPOP 2019 también citado: más del 60% de los latinoamericanos se declara insatisfecho con la democracia en sus países. Salvo Uruguay, en que el 59.6% de los encuestados está satisfecho con la democracia, en los restantes países domina la insatisfacción. Y en el caso de Chile, sólo el 41.2% declara estar satisfecho con la democracia[36].

En suma, debilitamiento de instituciones de la democracia e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia que se explican en las desconfianzas que crean las desigualdades vigentes. La ausencia de vínculos entre instituciones políticas y sociedad civil, así como la falta de reconocimiento y estímulo a los esfuerzos colectivos o asociativos que deja aislada y librada a su suerte a cada persona, ahonda sentimientos de indefensión que devienen en miedos y rabias. De estos últimos hemos tenido evidencias y especialmente desde el estallido social de octubre 2019.

Miedos y rabias se canalizan por dos caminos que coexisten: la violencia -sea esta individual o grupal- y la organización solidaria de esfuerzos colectivos.[37]

Y estas dos vertientes de expresión social se habrán de jugar en cómo abordamos la crisis actual que, teniendo las proporciones de aquella que se vivió en los ochenta, enfrenta oportunidades que entonces no había y que abren un camino esperanzador, en la antesala de un plebiscito que dará inicio al proceso constituyente que permitirá plasmar en una nueva Constitución el tipo de sociedad y de relaciones políticas, económicas y sociales deseables a construir.   

 

Unas palabras a modo de reflexión final

En octubre del 2019, el alza de $30 pesos en el Metro fue el detonante de un estallido social que, por acumulación, encontró en esa medida una válvula de escape. Millones de personas en distintas ciudades del país coparon los espacios públicos con una multiplicidad de demandas y reclamos que finalmente lograron ser unificados en una común respuesta, la necesidad de nueva Constitución.

La sostenida movilización social y la realización de miles de cabildos y conversatorios en sedes y plazas, restituyeron un sentimiento de comunidad perdido. Encuentros y diálogos cara a cara que construían un sentido de nosotros tanto tiempo relegado a un segundo plano.

Precedida por el anuncio de una consulta convocada por una amplísima mayoría de alcaldes y alcaldesas del país para que la población de todas las comunas manifestara su acuerdo o desacuerdo por una nueva Constitución y sobre el mecanismo para redactarla, el sistema político desde el Congreso reaccionó suscribiendo un acuerdo sobre el proceso constituyente, sus mecanismos y plazos.

Un plebiscito de entrada fijado para abril del 2020 consultaría sobre la aprobación o el rechazo a una nueva Constitución, así como sobre la opción de que ésta fuera redactada por una Convención Constitucional enteramente electa (Asamblea Constituyente), con igual representación de hombres y mujeres y con escaños reservados para pueblos indígenas, o bien por una Convención Mixta integrada por parlamentarios y convencionales electos. Seis meses después vendría la elección de la Convención responsable de redactar la nueva Carta Fundamental y a su término, con un plazo de 9 a 12 meses, dicha redacción sería sometida nuevamente a su aprobación en un plebiscito de salida, culminando así el proceso constituyente con una Constitución escrita, por primera vez en la historia de Chile, fruto de su deliberación democrática.            

Si bien este acuerdo constitucional permitió canalizar la protesta social y darle un cauce de salida, la agenda social de cambios y transformaciones estaba ya en el debate público y auguraba acompañar al propio debate constitucional, poniendo a la desigualdad en el centro de las reformas.

Pero llego la pandemia al país en marzo y trastocó el itinerario planteado. Las demandas de reformas sociales para abordar la desigualdad se congelaron ante la imperiosa necesidad de subsistir. Pero sin duda habrán de descongelarse tan pronto una relativa normalidad se abra paso.

Por otro lado, el plebiscito fue postergado para octubre del 2020 y las elecciones posteriores de convencionales pasaron al año 2021, postergándose también el plazo de redacción de la nueva Constitución, así como su sanción en un nuevo plebiscito.

Desde la suscripción del acuerdo en noviembre del año pasado y hasta momentos en que este prólogo se está redactando, todas las encuestas de opinión -con pandemia y crisis mediante- le dan una abrumadora mayoría al respaldo de una nueva Constitución y a la Convención Constitucional con representación de ciudadanos electos para ese propósito.

El pacto político y social que la ciudadanía suscriba para esta nueva Constitución es ahora lo que está en juego y es el que podrá resolver los grandes déficits que han acompañado más de treinta años de una democracia, como ya la hemos definido previamente, de baja densidad participativa y que ha convivido con múltiples desigualdades.

El panorama hacia adelante es duro. Muy duro. Mundialmente lo es, pero sin duda más para sociedades como la nuestra, que tienen ahora que lidiar con una crisis muy severa teniendo una herencia de desigualdades que con la emergencia sanitaria y social se ha agravado.   

Un informe reciente de CEPAL señala que América Latina enfrenta la peor crisis en los últimos cien años. A fines del 2020 se estima un retroceso de 10 años en el producto interno bruto per cápita y de 14 años en los niveles de pobreza, con un agravamiento de la desigualdad. En el caso de Chile las previsiones son un aumento entre 5% y 5.9% del índice de Gini, aun considerando que este indicador está subestimado porque el 1% de los que concentran la riqueza, subdeclaran sus ingresos. No solo retroceso económico, aumento de la pobreza y agravamiento de la desigualdad, sino pauperización de sectores medios cuya vulnerabilidad los hace particularmente frágiles en esta crisis.[38]

Más todavía que con el estallido, estas nuevas circunstancias apelan a la necesidad de un nuevo pacto político y social que permita salir de la crisis con un cambio profundo en el modelo que sustenta las relaciones económicas, sociales y políticas, modelo que hoy está consagrado en la Constitución política vigente. 

Si no fuimos capaces de extraer lecciones sobre los fenómenos sociales de los ochenta, de las organizaciones populares solidarias para abordar la reconstrucción democrática en un Chile más inclusivo post dictadura, hoy estamos ante una segunda oportunidad que no podemos volver a desperdiciar. En un cuadro político muy distinto de entonces, pero con un escenario económico alarmante y socialmente devastador, este momento es un punto de inflexión para interrogarnos cómo abordar la crisis de desconfianza en la política y en las instituciones, la poca adhesión a valores democráticos y la indiferencia hacia este régimen democrático al que ya no se asocia con el bienestar.

Y vuelve a interrogarnos sobre el papel de la comunidad organizada y la solidaridad como principio rector en las formas de solución del bienestar y en la construcción de una sociedad inclusiva.

Ésta ha sido la motivación para reeditar ambos libros, además de rendir un homenaje a quienes hoy, principalmente mujeres, en la peor de las adversidades muestran grandes reservas de humanidad y coraje diario trabajando en las ollas comunes. Si algo es posible aprender de aquellas experiencias de los ochenta y reflexionar acerca de cuánto de esas experiencias está presente en la actualidad, estaríamos más que justificando el esfuerzo de reedición y divulgación de los dos textos para los que este prólogo ha sido escrito.

                                                                                                         

 

 

 

 

Clarisa Hardy

Santiago, La Reina, 7 de agosto 2020

 

 

[1] Esta fue una de las conclusiones del Seminario “Tejedores de confianza, vectores de cohesión social: nuevos actores y nuevos espacios para la agenda UE-LAC”, organizado por EUROsociAL+ en 2019, en La Antigua, Guatemala, en el que participé como ponente.

[2] Clarisa Hardy (2020 a). Hambre + Dignidad = Ollas Comunes. Segunda edición. LOM Ediciones; y Clarisa Hardy (2020 b). Organizarse para Vivir. Pobreza Urbana y Organización Popular. Segunda edición. LOM Ediciones.

[3] Para 1988 existían 49 de estos centros privados con 664 profesionales y, entre estos, 134 poseían posgrados en Europa y Estados Unidos. Datos cuya fuente (J. Puryear (2016). “Pensando la política: intelectuales y democracia en Chile 1973-1988”. CIEPLAN) son citados en: Cristina Moyano y Mario Garcés editores (2020). ONG en Dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta. Colección Historia. UAH Ediciones.

[4] Cristina Moyano y Mario Garcés (2020), op.cit. Libro de muy reciente publicación al que fui invitada como comentarista y que recomiendo porque rescata el interesante fenómeno de producción intelectual y programática que sustentó la lucha democrática en plena dictadura y le dio densidad de ideas a los partidos proscritos que, junto con las movilizaciones sociales, promovieron la ofensiva por el retorno a la democracia.   

[5] Entre otros, PIIE y CENECA fundados en 1977, PET en 1978, SUR en 1979, ECO en 1980, CED en 1981.

[6] La otra área de investigación-acción estaba centrada en el mundo del trabajo y sindical.

[7] Cuyo exponente es el economista Luis Razeto que ha producido una vasta literatura de reflexión teórica sobre la economía solidaria y su rol como respuesta al modelo neoliberal. Para un análisis sobre esta materia, ver el capítulo escrito por Enrique Gatica “El Programa de Economía del Trabajo (PET) y las Organizaciones Económicas Populares (OEP)”, en Cristina Moyano y Mario Garcés (2020) op.cit. pp. 181-204

[8] Como se detalla en Clarisa Hardy (2020 b).

[9] Por las restricciones políticas y tecnológicas de esa época era imposible realizar un catastro de carácter nacional, pero los datos de la Región Metropolitana son suficientemente elocuentes.

[10] Los tipos de organizaciones populares de subsistencia se agrupaban en: organizaciones laboral-productivas 30% (que intentaban generar ingresos, como los talleres artesanales que fueron tan conocidos por sus arpilleras artísticas de denuncia); organizaciones para el consumo especialmente alimentario 36.9% (además de las ollas comunes, los comprando juntos, comedores populares); organizaciones de servicios sociales 29,6% (especialmente en torno a la vivienda para allegados y de salud comunitaria) y, las menos, organizaciones laborales reivindicativas 3.4% (agrupaciones de trabajadores eventuales).

[11] Ricardo Ffrench-Davis (2018). Reformas Económicas en Chile 1973-2017. Neoliberalismo, crecimiento con equidad e inclusión. Sexta edición. Ed. Taurus, Penguin Random House.

[12] Un análisis acabado que fundamenta la afirmación de una Constitución fruto de un proceso fraudulento e impuesto en dictadura, se puede leer en: Claudio Fuentes (2013). El Fraude. Ed. Heuders.

[13] Si el índice de Gini en los setenta era de 0.489, en los ochenta se elevó a 0.567. Ricardo Ffrench-Davis (2018) op.cit.

[14] INE. Encuesta Nacional de Empleo. Tasa desempleo trimestres abril-junio 1986 y 1987. Escogimos esta serie trimestral para poder comparar más adelante con la última serie del INE (abril-junio 2020) al momento de redactar este Prólogo.

[15] Clarisa Hardy (2020 a).

 

[16] CNI son las siglas de la Central Nacional de Información creada en 1977 después de la disolución de la temible DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) por presión norteamericana tras el asesinato en su territorio del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier. La CNI existió hasta 1990 y, al igual que su predecesora, fue la policía política y organismo de inteligencia de la dictadura responsable de perseguir, secuestrar, torturar y hacer desaparecer a disidentes y opositores de la dictadura de Augusto Pinochet.

[17] No olvidemos que nuestra transición a la democracia se dio con Augusto Pinochet presente y activo en su condición de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ejerció hasta 1998 para asumir como senador vitalicio.

[18] Clarisa Hardy (2020 b). op.cit

[19] El Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) del Ministerio de Salud y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.

[20] El ejercicio de enlace en el primer año del gobierno de Patricio Aylwin (el 19 noviembre de 1990) y el llamado “boinazo” el 28 mayo 1993.

[21] Esta coalición estuvo conformada inicialmente por 13 partidos que con el tiempo irían reduciéndose, desapareciendo varios de ellos. Esta alianza política con partidos de centro, de centroizquierda y de izquierda se mantuvo durante 4 gobiernos sucesivos, entre 1990 y 2010. Con posterioridad a la entrada del primer gobierno de derecha post dictadura en 2010 (con el primer gobierno de Sebastián Piñera que dura hasta 2014), la Concertación languidece hasta que deja de existir y surge la Nueva Mayoría que incorpora por primera vez al Partido Comunista. Esta es la coalición que dio sustento al segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y que, al término de su mandato y siendo relevada nuevamente por un gobierno encabezado por Sebastián Piñera, dejo de existir, disolviéndose la Nueva Mayoría, sin ninguna otra coalición amplia que la reemplace hasta la fecha.

[22] Esta estratificación social sería: 1.4% extrema pobreza; 9.3% pobreza moderada; 26.5% estrato bajo no pobre; 29.8% estrato medios bajo; 22.5% estrato medio intermedio; 6.1% estrato medio alto y 4.4% estrato alto. Datos extraídos de CEPAL (2019). Panorama Social de América Latina.

[23] Ministerio Desarrollo Social. CASEN 2017.

[24] CEPAL (2019). Op.cit

[25] INE. Encuesta Nacional de Empleo. Tasa desempleo (trimestre abril-junio 2020).

[26] Desde Ricardo Lagos (2000-2006), pasando por el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y por el primero de Sebastián Piñera (2010-2014), hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y el actual segundo mandato de Sebastián Piñera todavía en ejercicio desde 2018.

[27] Cito textualmente un párrafo de un libro de mi autoría en que abordo la realidad social de América Latina (Chile incluido) y cómo los datos objetivos de la estructura social impactan la subjetividad de la sociedad. Escrito en 2014, ya entonces estaba la evidencia de una estratificación social que, con persistentes desigualdades, intensifica la conflictividad en sociedades que transitan de la pobreza a la vulnerabilidad de amplios sectores medios precarios. Clarisa Hardy (2104) Estratificación social en América Latina. Retos de cohesión social. LOM Ediciones.    

[28] Irarrázabal, I; Streeter, P (2020) Mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2020. Centro de Políticas Públicas UC, Fundación Chile+Hoy. Para estas mismas fechas, el reporte de sindicatos muestra un peso bastante reducido en el universo total de organizaciones de la sociedad civil: en 2018 hay un total de 11.920 sindicatos a nivel nacional (Dirección del Trabajo (2020) Indicadores para el Consejo Superior Laboral. Departamento de Estudios, marzo). En todo caso, al igual que la evolución del resto de las organizaciones de la sociedad civil, el sindicalismo crece en los últimos años, desde su punto más bajo en 2001 en que se registraban 7.410 sindicatos a nivel nacional.

[29] Latinobarómetro (2015). La Confianza en América Latina 1995-2015.

[30] Serie Latinobarómetro que se ha aplicado desde 1995 siendo la última del año 2018.

[31] PNUD (2017). Chile en 20 años: un recorrido a través de los Informes de Desarrollo Humano; Kathya Araujo (2017). Democracia y transformación social en Chile. ¿Qué significa actuar democráticamente? Análisis N°11. Friedrich Ebert, Chile; Kathya Araujo. Desmesuras, desencantos, irritaciones y desapegos, en Kathya Araujo (2019). Hilos tensados. Para leer el octubre chileno. Colección IDEA. Universidad de Santiago de Chile.

[32] Latinobarómetro (2015). Op. cit.

[33] Latinobarómetro, 2018.

[34] Elizabeth Zechmeister y Noam Lupu ed. (2019). El pulso de la democracia. Nashville, TN: LAPOP.

[35] En una escala de 1 a 100, la legitimidad alcanza 45.4 en Chile (la más alta es 59.2 en Costa Rica, seguida por México y Uruguay). Elizabeth Zechmeister y Noam Lupu ed. (2019). op.cit.

[36] Elizabeth Zechmeister y Noam Lupu ed. (2019). op.cit

[37] Al momento de escribir este prologo hemos sido testigos de manera casi químicamente pura de estos dos caminos: por una parte, por primera vez hemos asistido a un violento enfrentamiento entre civiles en la Araucanía de grupos mestizos con comuneros mapuche que se habían tomado edificios municipales para visibilizar la huelga de hambre por más de 90 días de presos mapuche en distintos recintos carcelarios; y por la otra, la proliferación de ollas comunes en todo el territorio con apoyos solidarios dentro y fuera de las propias comunidades y que están proveyendo alimentos preparados a millares de familias que no pueden solventar su propia alimentación por la agudización de la crisis en pandemia.

[38] Alicia Bárcena (2020) Desafíos de América Latina y El Caribe en la post-pandemia. CEPAL.